MONTEVIDEO.- El presidente del Uruguay, José Mujica, promulgó la ley que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias y ahora el Gobierno deberá reglamentarla para que entre en vigencia en un plazo de 30 días.
Para ello, el Ministerio de Salud Pública ya está trabajando con sus equipos técnicos, mientras que las gremiales profesionales y las prestadoras médicas del sistema privado ajustan sus estructuras para brindar este servicio, que (a partir de ahora) será obligatorio. Pero simultáneamente persisten las protestas y las campañas dirigidas por partidos de oposición para promover un referendo que derogue la controvertida norma, aprobada por el Congreso (la mayoría de los parlamentarios es de la alianza izquierdista Frente Amplio) hace una semana, y que deja de considerar al aborto como un delito.
Las mujeres que deseen interrumpir el embarazo, por cualquier causa y sin obligación de expresar sus motivos, deberán cumplir una serie de trámites, como reunirse con un equipo multidisciplinario de médicos y asistentes sociales, que la asesorará y efectuará las recomendaciones que estime pertinentes. Luego, dispondrá de cinco días de reflexión para tomar una decisión definitiva sobre si proseguir con la gestión o interrumpirla.
Podrá enfrentarse incluso a objeciones de conciencia de los médicos o de la institución de asistencia médica, como es el caso del Círculo Católico, ligado a la Iglesia, que ya anunció que no practicará ningún aborto. En ese caso la ley obliga a las instituciones a derivar los casos hacia otro servicio del sistema nacional integrado de salud.
La instalación y el adecuado funcionamiento de estos equipos médicos son cuestionados por algunos sectores, con el argumento de que las principales dificultades se presentarán en el interior del país y en pequeñas localidades, donde todos se conocen. En esos contextos, las costumbres y las inhibiciones sociales podrían dificultar el ejercicio de la libertad de decisión de la mujer embarazada. (DPA)